Discriminación fiscal

En el artículo de Jordi Graupera titulado "Es normal", publicado en "La Vanguardia" del sábado, 18 de mayo de 2013  (aunque en la edición digital aparece atribuido, en su versión castellana, a Ramon Aymerich), el autor insiste en el error de afirmar que en Cataluña, la Agencia Estatal de Administración Tributaria levanta y ejecuta más actas que en otras partes, precisando este desequilibrio: seis veces más que en Andalucía, el doble que en Madrid. http://registrousuarios.lavanguardia.com/premium/54374184242/index.html

 Estos datos fueron mencionados por primera vez por Jordi Basté, en su programa "El món a Rac 1", en la emisora radiofónica del Grupo Godó, y desmentidos por el Delegado Especial de Cataluña de la AEAT en entrevista en el mismo programa.

La verdad es que no el Sr. Basté (o sus documentalistas) ni el Sr. Graupera se han preocupado de leer el documento de donde han obtenido los datos que arguyen. Este documento es la Memoria de la Administración Tributaria, publicada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cuya última edición corresponde al ejercicio 2010. Nos referiremos a dicho ejercicio, si bien la estructura de los años anteriores es similar y los datos numéricos, si bien varían, son homogéneos y presentan resultados similares. http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/Tributos/Memoria%20Tributaria%202010/03-MAT.pdf

En las páginas 328 y siguientes de este documento se analizan los resultados de la Gestión recaudatoria de la Agencia Tributaria. De entre los datos numéricos que recoge, cabe destacar que la deuda total a gestionar durante ese ejercicio ascendió a 27.838,5 millones de euros, que se desglosan en 23.471,3 millones que corresponden a créditos de la propia AEAT y 4.367,2 millones cuyo cobro han encomendado a la misma otros entes públicos, de acuerdo con lo que prevé el artículo 103.Uno.2 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, que creó la Agencia.

En las páginas siguientes se analizan estos datos y, en la página 332, bajo el título "Origen cargos otros entes", se presenta el desglose de las deudas que entes públicos distintos de la AEAT remitieron a ésta para su cobro en vía ejecutiva. Aquí aparecen los datos que, sin leer las páginas anteriores ni el título del cuadro, el Sr. Basté y el Sr. Graupera citan e interpretan erróneamente: Andalucía, 72,08 millones de euros, Cataluña, 435,20 millones, Madrid, 149,32 millones. La cifra de Cataluña, efectivamente, dobla la de Madrid y sextuplica la de Andalucía.

Es decir, la Comunidad Autónoma catalana envió a la AEAT para su cobro 435,20 millones de euros, mientras Madrid envió 149,32 millones y Andalucía 72,08 millones. No proceden de liquidaciones de la Agencia Tributaria estatal, sino de deudas tributarias liquidadas por la Agencia Tributaria catalana o de otros créditos de derecho público no tributarios de los que era titular la Administración de la Generalidad.

La explicación de la desproporción aparece en el propio cuadro. En este aparece, entre los diversos orígenes de los cargos, la Jefatura de Tráfico. Y, ¿cuáles son los créditos de derecho público que liquida la Jefatura de Tráfico? Evidentemente las deudas de tráfico.

Pero en Cataluña el control del tráfico está cedido a la Generalidad y las multas no las impone la Jefatura de Tráfico, sino la Direcció General de Trànsit. Por tanto, las multas de tráfico impuestas por la Administración catalana y no pagadas en período voluntario aparecen como mayor cargo de la Generalidad, mientras las impuestas en Madrid o Andalucía no aparecen como cargo de las respectivas Comunidades Autónomas, sino como cargo de la Jefatura de Tráfico: en total, 930,37 millones de euros.

La discriminación de Cataluña, por tanto, no existe, en este punto concreto, sino en la imaginación y, sobre todo, en la voluntad de los Sres. Basté y Graupera. Pero, además, hay que resaltar una cosa: estos señores y, en general, los nacionalistas catalanes, al clamar contra una supuesta mayor presión de la Inspección de los tributos en Cataluña, en realidad se quejan de que en esta Comunidad Autónoma la lucha contra el fraude fiscal sea más eficaz que en otras partes. Dicho en otros términos, defienden a los defraudadores, no a la mayoría de los ciudadanos que, por civismo o porque no podemos escaparnos, cumplimos correctamente nuestras obligaciones tributarias. Que cada cual extraiga sus propias conclusiones.